El Concejal Gabe Albornoz presentará una resolución en la reunión del Concejo del Condado de Montgomery, el martes 4 de febrero, para denunciar la decisión sobre cargos públicos de la Corte Suprema (SCOTUS) e instar al Congreso a promulgar una reforma migratoria integral, así lo informó a través de un comunicado la oficina del Concejo.
Esta resolución es en respuesta a la decisión de SCOTUS del 27 de enero sobre el cambio de la administración Trump a la regulación actual de “carga pública”, lo que crearía barreras importantes para los inmigrantes de bajos ingresos que buscan ingresar o permanecer legalmente en Estados Unidos. Bajo esta regulación, el ingreso de un individuo, (ganar menos del 125 por ciento del nivel federal de pobreza), la edad, ciertas condiciones de salud, dominio limitado del inglés, antecedentes mínimos de educación y la recepción previa de ciertos beneficios pueden tenerse en cuenta y afectar negativamente la elegibilidad para obtener un estatus legal permanente, y en el futuro, lograr la admisión legal en el país, explica el comunicado.
“La reciente decisión de la Corte Suprema 5-4 sobre cargos públicos causará graves dificultades a las familias inmigrantes que trabajan en nuestra comunidad”, dijo el concejal Albornoz en el comunicado. “Nuestra diversidad es nuestra fuerza. Este fallo subraya los esfuerzos del presidente Trump para atacar nuestro sistema legal de inmigración y continuar infundiendo miedo entre nuestros más vulnerables. Es hora de tomar una posición en contra de las acciones discriminatorias dirigidas hacia nuestras comunidades de inmigrantes que mueven nuestro Condado hacia adelante, no hacia atrás ”, agregó.
“El fallo de la Corte Suprema sobre el tema de la regla de ‘carga pública’ de la administración Trump es la antesis de la identidad de Estados Unidos en el siglo XXI, y me uno a mis homólogos de todo el país en objeción a una miopía tan corta, fallo mal concebido “, dijo la Concejal Nancy Navarro. “Las consecuencias de ser considerado ‘probable que se convierta en una carga pública’ son vastas, no solo para aquellos que siguen el proceso legal para ajustar su estatus migratorio, sino que en última instancia tendrán un efecto escalofriante en aquellas personas que ahora elegirán entre renunciar a servicios que son críticos para sus familias o para ellos mismos, de los cuales podrían ser elegibles, debido al temor de que pueda poner en peligro su estatus migratorio “, dice el comunicado.
