Los miembros del Concejo del Condado de Montgomery aprobaron por unanimidad una propuesta para utilizar $2 millones en fondos suplementarios para detectores de ‘vapeadores’ o cigarillos electrónicos en las escuelas públicas del condado.
Los fondos provienen de un acuerdo alcanzado entre el condado y el fabricante de cigarrillos electrónicos Juul en 2020, donde la compañía fue acusada de promover productos dañinos y adictivos para los adolescentes. Los fondos se asignaron a MCPS como parte de la demanda.
Esto se produce después de un enfoque intensificado contra el uso de ‘vapeadores’ y drogas por parte de los estudiantes en los terrenos escolares. El año pasado, el condado puso a prueba detectores de humo de estos cigarillos en varias escuelas secundarias del condado, pero no publicó datos sobre sus hallazgos.
Según los informes de los CDC de los últimos dos años, el 14% de los estudiantes de secundaria encuestados en Maryland admitieron usar este tipo de cigarillos electrónicos. Si bien este número está disminuyendo, el estado tiene el número más alto en la región, con D.C. con el 10% y Virginia con el 8%.
Sin embargo, no todos aprobaron el uso propuesto de estos fondos.
Durante la audiencia, Scott Webber, fundador de la Sociedad de Educación Pública para la Concienciación sobre el Vapeo, expresó su preocupación por el uso de los fondos.
“Estoy pidiendo que el concejo no haga nada por el momento, pero que busque alternativas”, dijo Webber.
Durante su testimonio, destacó varios supuestos problemas con el uso de detectores de vapeo, incluida la facilidad para ocultar el humo. Webber también criticó la ineficiencia de confiar en los administradores para rastrear a los infractores después de que se activen las alarmas. Esta preocupación también se planteó después de que finalizara el programa piloto del condado. El programa reveló los desafíos de las falsas alarmas y la necesidad de aumentar la dotación de personal para maximizar el efecto de los detectores.
“Estoy aquí en total oposición a este proyecto de ley de financiación porque representa esencialmente una locura fiscal”, dijo Webber.
